La Colectiva Malditos Plásticos, Greenpeace México
Consideramos inaplazable que el punto de acuerdo presentado el 18 de abril del presente año ante el Congreso del Estado de Oaxaca, y aprobado por urgente y obvia resolución en días pasados, se haga extensivo al resto de las 33 plantas cementeras que cuentan con autorización para coprocesamiento otorgadas por la Semarnat, esto con la participación de las comunidades de habitan los territorios afectados por la quema de residuos y plásticos. De igual forma, se realicen los estudios epidemiológicos que puedan documentar los daños por las emisiones contaminantes, ya que en México no hay mediciones directas de éstas en los hornos cementeros.
Se documentó el incremento de 121% de las exportaciones de basura plástica tóxica y contaminada a México para el periodo 2018 – 2021, lo que ha significado la entrada de miles de toneladas de desechos plásticos a territorio nacional proveniente principalmente de Estados Unidos (entre 94 y 98%). No existe una regulación en México para el uso del combustible derivado de residuos (CDR) lo que implica que se esté haciendo uso de este vacío legal para quemar indiscriminadamente plásticos al margen de la ley y a costa de la salud de la población.
Las organizaciones firmantes, exhortamos a la SEMARNAT para que se atienda la brevedad la revisión solicitada por el Legislativo de Oaxaca y se extienda a todas las instalaciones cementeras del país autorizadas para coprocesar (quemar) residuos, ya que no son más que nombres disfrazados para justificar estas tecnologías que emiten sustancias químicas que están poniendo en peligro la salud de los habitantes de las comunidades cercanas.
En palabras de Baskut Tuncak, Relator Especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos de Naciones Unidas:
“ …las políticas de estado nos han expuesto a una contaminación química irracional, masiva, discriminatoria y por supuesto, no consentida que perpetúan la discriminación y la explotación; y que son los Estados los que tienen la obligación de prevenir la exposición a sustancias y desechos peligrosos en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, por lo que se debe contar con un sistema amplio de leyes y mecanismos que prevengan la exposición a sustancias químicas incluida la exposición causada por agentes privados; por lo que se debe poner fin al juego dilatorio de las evaluaciones de riesgos y los análisis de costo-beneficio con los que se justifica la exposición”.
Desde los movimientos sociales, seguiremos pugnando porque se elimine de la ley el uso de tecnologías sucias para la gestión de residuos como la incineración y el coprocesamiento que solo reducen los costos de producción de las grandes empresas y aumentan los daños a la salud y el ambiente del resto de la sociedad (economía lineal e injusticia ambiental ); se detengan las importaciones de basura plástica para evitar que México siga soportando la carga contaminante y tóxica de la basura y residuos de otros países (colonialismo de la basura); se prohiban los plásticos de un solo uso en todo el territorio nacional; así como contar con un Tratado Internacional de Plásticos que aborde la crisis plástica desde todo su ciclo de vida y se reduzca drásticamente su producción.
La incineración y coprocesamiento de residuos y plásticos no es reciclaje, no es economía circular, no es inocua y no debe estar permitida. No más esquemas regulatorios en México que privilegian las ganancias económicas de la industria a costa de nuestra salud y de la de nuestros territorios.
